E-GOVERMENT EN VENEZUELA

 E-GOVERMENT EN VENEZUELA

Esta estrategia (E GOBIERNO O E-GOVERMET) se evalúa a la luz de la intervención pro-activa de la sociedad, vale indicar que no obstante su importancia, existe una falta o baja participación por parte de las Organizaciones de las Sociedades Civiles (OSCs) en el proyecto que se desarrolla sobre gobierno electrónico, en los países en vías de desarrollo, quizás atribuible al escaso número de ciudadanos que tienen acceso a un sistema de información. Sin embargo, ignorar a las OSCs en la planificación para la implementación de un gobierno electrónico es subestimar su papel como monitor y fiscalizador de las actividades de gobierno, especialmente dado que “el ciudadano promedio generalmente no va a tener tiempo de participar al grado que la red haría posible....Como resultado, es probable que la mayoría de los ciudadanos deba, de todas maneras, depender de asociaciones e instituciones mediáticas, para diseñar prácticas y políticas públicas a su gusto.” (O’Looney, 2002). Una manera de superar esta dificultad, es situar la cuestión de acceso a Internet para el gobierno en línea, dentro de un marco más amplio del uso de Internet para la construcción de capacidades, y la apropiación del mismo por los ciudadanos para la creación de redes ciudadanas y el enriquecimiento de su propia conciencia política. Es retomar la consigna de cooperación e integración de redes de participación y no simples centros de información, que poco contribuyen hacia la visión de una nueva forma de gobierno que se aproxima a la democracia participativa y deliberativa, que hoy es una exigencia colectiva en cualquier escenario mundial. 

Tomando esto en cuenta, existe una clara necesidad de colaboración entre las OSCs dedicadas a las agendas sociales en áreas específicas, como salud y educación, y aquellas que trabajan en temas de TICs. En tanto existen oportunidades de participación a través de las agencias sociales, esta puede ser la ruta más expeditiva para crear ejemplos concretos de e-democracia o democracia electrónica, mucho más horizontal, participativa y deliberativa que el esquema vigente en la administración pública . Esto daría, además, oportunidad a los grupos de acción social a considerar cómo las TICs impactarían en sus agendas.

Lo anterior conduce a afirmar que el e-government puede convertirse en un mecanismo para la participación. Pero la pregunta no es tanto si el gobierno electrónico está brindando oportunidades para la participación de las OSCs, sino cómo lo hará. En el caso de Venezuela la Constitución de 1999, consagra en su preámbulo lo siguiente: "...refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural..." y en el Artículo 62, señala: "Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas".

Por ello, es de alta notoriedad que a medida en que los espacios de participación en línea se van desarrollando, estos sean capaces de ofrecer implicaciones importantes para la relación gobierno-sociedad civil. La tendencia actual apunta hacia la provisión de espacios en línea para la participación individual, en lugar de una red de discusión y deliberación grupal. En términos de participación este enfoque se traduce en contribuciones de las OSCs dentro de los parámetros de la programación en e-Government existente. Lo que se debe procurar es que la iniciativa de gobierno en línea pueda facilitar que las OSCs participen activamente y no se limiten  a ser simples miembros del sector voluntario, sino auténticos  actores sociales expertos y con conciencia política.

Resulta claro que el acceso a la información pública es un prerrequisito para obtener la participación efectiva de las OSCs. El ambiente en línea del e-government también impacta sobre la habilidad de las OSCs para participar efectivamente. Como explica O’Looney (2002), “en cuanto los administradores públicos comiencen a construir conexiones cableadas para los ciudadanos, estarán también tomando decisiones y eligiendo sobre aspectos arquitectónicos de las mismas cosas, como si a los ciudadanos se les permitiera y se les facilitara en términos tecnológicos, en un esfuerzo de organizar a sus conciudadanos en torno a temas particulares.” Esta reflexión refuerza la imperativa de obtener una mayor participación de las OSCs en la generación de políticas de gobierno electrónico. Más allá de asegurar el acceso a la tecnología y el acceso a la información, existe una imperativa de incidir en torno a qué y cómo se presenta la información en línea y la estructura de los espacios de participación vía electrónica.

En el caso particular de Venezuela el e-government  es responsabilidad del Ministerio de Planificación y Desarrollo (e adelante MPD), a través de la Comisión Presidencial para la Transformación y Consolidación del Estado, a fin de transformar el estado venezolano e implementar las reformas contenidas en la nueva Constitución. El comité gubernamental de tecnología integrado por la Subcomisión de Tecnología de la Comisión Presidencial, la cual es dirigida por el MPD fue creado en septiembre de 2002 y los actores políticos constantemente reportan que el trabajo prosigue a pesar de las diversas circunstancias que se escenifican en el país; entre otras el recorte de los presupuestos gubernamentales, producto de un elevado gasto público al interior del país y con motivo de una deuda pública.  Sin embargo, se estima que las iniciativas relacionadas con Internet continúan y no se verán afectadas.

De acuerdo a la opinión de los actores gubernamentales, la implementación del e-government es en realidad coordinada por el Centro Nacional de Tecnología de Información (CNTI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuyo website es: http://www.cnt.gov.ve creado mediante el Decreto 737 de fecha 22 de marzo de 2000, entre los Proyectos acordados están:

1Infocentros
2.GobiernoElectrónico
3.PortalGobierno
4. Impulso y Fortalecimiento al Desarrollo del Software Nacional.

Hay alrededor de 316 instituciones conectadas y el Gobierno Venezolano ha considerado algunas Zonas Especial en Tecnologías de Información.

En efecto, producto de la inaplazable integración entre la Academia-Empresa-Gobierno, ha surgido como iniciativa las denominadas  “zonas especiales en Tecnologías de Información”, como un espacio virtual en comunidades de inteligencias compartidas para tres actores que en su espacio de competencia se encuentren para cooperar de una manera integrada.

Los actores a los cuales se hace referencia son: la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico mediante su unidad de Investigación y Desarrollo (Cavecom-e), el Centro de Computación Paralela y Distribuida de la Universidad Central de Venezuela (CCPD) y el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI).

De esta forma, en Venezuela el Centro Nacional de Tecnología de Información es una  institución que ha elaborado una estrategia de sociedad de la información que hace mención a elementos propios de un gobierno en línea y está a cargo, además, de las iniciativas nacionales de conectividad vista entre otras la de los Infocentros o centros de comunicación. Los Infocentros son un punto de encuentro comunitario donde todos pueden acceder en forma sencilla a las tecnologías de información. Son salas equipadas con computadoras personales interconectadas, para brindar el libre acceso a la Internet. Además se dispone de diversos equipos, que permiten el almacenamiento y la impresión de la información que se consulta. Se instalan en diferentes áreas o espacios públicos o privados, como bibliotecas, escuelas, centros comunitarios, centros culturales, casas de ciencia, museos, entre otros.

De igual forma, el acercamiento gobierno-ciudadano exige  otras condiciones, tales como:

Mejoras en la gestión de la administración pública, lo cual incluye la Automatización de procesos administrativos como serían: coordinación, planificación, ejecución y control; mejor comunicación dentro del gobierno; digitalización e integración de sistemas de información; “inteligencia”, entendiéndose por ello información acerca de las necesidades y deseos de los ciudadanos; eficiencia y eficacia a través del uso estratégico de las TICs para simplificar procesos; e innovación y flexibilidad en la administración pública.

Provisión de servicios lo que incluye conceptos como ser un servicio universal y justo al cliente; servicios mejorados y efectivamente brindados; facilitando el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos con el estado; servicios convenientes y fáciles de entender; creación de mecanismos alternativos de acceso al gobierno (e integración de las variadas modalidades de servicio); reducción de costo y tiempo de atención para el cumplimiento de obligaciones con el estado; pagos digitales; seguridad y privacidad en la provisión de servicios.

Transparencia, lo cual implica el uso de TICs para facilitar el escrutinio ciudadano de la información, actividades y operaciones públicas; procedimientos transparentes (como en el caso de licitaciones públicas de compras y contrataciones con el gobierno, o proyectos de ley en línea); acceso a la información pública en un formato simple y claro; mejor comunicación entre los gobiernos y los ciudadanos; acceso a la información sobre servicios públicos; comunicación directa con los ciudadanos y reducción de la intermediación de la burocracia; “comunicación que sea abierta, fluida, honesta y productiva” y rendición de cuentas a la ciudadanía.